Supremo autoriza que continúe impresión de papeletas del plebiscito

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó hoy que se debe proceder con la impresión de las papeletas para el plebiscito de estatus del 3 de noviembre, dando así la razón al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, quien el pasado sábado hizo entrega de los archivos a la imprenta para iniciar su producción.

El cuerpo declaró como no ha lugar a la demanda que presentaron diferentes representantes para paralizar la impresión de las papeletas hasta tanto no se llegara a una decisión sobre otro recurso presentado por varias figuras del Partido Popular Democrático, en el que buscan que se declare inconstitucional el plebiscito por no cumplir con un fin público.

“En este caso particular no procede ejercerla porque la solicitud de los peticionarios tendría el efecto directo de retrasar el proceso de impresión de todas las papeletas para el próximo 3 de noviembre. No se trata de inconsistencia sino de improcedencia en derecho”, lee la decisión del Supremo.

Según el juez asociado Luis Estrella Martínez, “en este caso también se encuentran presentes importantes garantías, tales como el derecho al voto y la libertad de expresión. Esas garantías no deben ser paralizadas en el día de hoy, como pretenden los peticionarios y avala la disidencia”.

El pasado 6 de agosto, el entonces aspirante del PPD al Senado Marcos Rigau anunció que había presentado una demanda ante el Tribunal Federal para que declarara inconstitucional el plebiscito, al argumentar que la Ley 51-2020, que viabilizó el plebiscito, contraviene la enmienda 14 de la Constitución estadounidense.

Por su parte, la jueza presidenta del Supremo, Maité Oronoz Rodríguez, expresó en la decisión que ella sí hubiese declarado lugar a que se paralizara el proceso. Pues este “Este proceder cobra extrema relevancia ante una controversia que versa precisamente sobre el desembolso indebido de los fondos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño”.

Oronoz expuso su oposición a la decisión de la mayoría en el Supremo y describió su actuación como una que “avala que la Comisión Estatal de Elecciones continúe disponiendo de fondos públicos para celebrar un evento electoral que adelanta una ideología política en particular, como lo ha reconocido hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.





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