Un año sin que el aparato de justicia concluya investigación sobre los “brothers” del chat de Telegram

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A un año de la revelación de las conversaciones del entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus allegados contenidas en las 889 páginas del chat de Telegram, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no ha logrado dar con la totalidad del chat, ni ha procurado que alguna de las personas que fueron referidas se convierta en testigo de la investigación, confirmaron al menos dos fuentes consultadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).Los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la investigación tienen hasta el 25 de agosto para culminar la pesquisa que hasta el momento mantienen sobre los seis ‘brothers’ referidos por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente en la resolución emitida el 13 de febrero. El CPI supo que hasta el momento los fiscales no han solicitado añadir otros posibles implicados ni tampoco han pedido más tiempo para culminar la investigación.

El cierre del Gobierno a causa de la pandemia por el COVID-19 dio un segundo aire a los referidos de manera que, a un año del escándalo que provocó la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza, aún se desconoce el resultado de la investigación sobre los posibles delitos que se pudieron cometer.

El toque de queda ordenado por la Gobernadora el pasado 15 de marzo como medida para contener el virus detuvo todas las investigaciones en curso  del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), incluyendo la que realizaba desde el 13 de febrero relacionada al caso del Telegram Chat. Las posibles actuaciones ilegales evaluadas habrían sido cometidas por Rosselló Nevares, el ex director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, el ex asesor Legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés, el publicista Edwin Miranda Reyes y el cabildero y ex director de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

“Esa investigación al igual que todas las investigaciones que tenían asignadas los fiscales especiales independientes tuvieron que detenerse durante el término en que se decretó el cese de las funciones gubernamentales. Así que a partir del 15 de marzo se paralizaron los términos en todos los casos en el PFEI”, informó en entrevista con el CPI  la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.

De acuerdo con la funcionaria, el cierre también provocó que se paralizaran – a petición del Departamento de Justicia – los términos de unas 16 investigaciones que esa agencia mantenía abiertas sobre funcionarios de Gobierno que son de la jurisdicción del PFEI.

No fue hasta el 22 de junio que el PFEI reanudó sus labores, por lo que en caso del chat de Telegram, el término de 90 días que en ley tienen los fiscales para culminar la pesquisa, se extendió ahora al 25 de agosto, y podría extenderse otros 90 días si los fiscales a cargo de la pesquisa solicitan una prórroga.

Lo poco que se sabe de la investigación

El CPI supo que los Fiscales Especiales Independientes, Miguel Colón y Leticia Pabón, retomaron la pesquisa el 22 de junio y han estado entrevistando a personas, que no son los funcionarios referidos, y recopilando prueba, sin que los señalados – hasta este momento – se hayan convertido en testigos del ministerio público. “No es parte del procedimiento en el PFEI citar a los referidos, a menos que este tenga la posibilidad de convertirse en testigo ofreciendo su información”, aseguró.

La pesquisa de los FEI se basa en un extracto del chat porque el Departamento de Justicia nunca consiguió la conversación completa aseguró una fuente del CPI. Tras el fallido intento de la División de Integridad de Justicia para que Sánchez Sifonte y Miranda Reyes entregaran sus celulares, los FEI han recurrido a citar, entrevistar y tomar declaraciones juradas de “todos en la periferia”, en referencia a funcionarios y allegados a la administración Rosselló, sostuvo una de las fuentes.

Uno de los citados es el ex secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, para declarar sobre la reunión que sostuviera con Sánchez Sifonte, en la que el cabildero le reclamó porqué no había otorgado el contrato del programa Tu Hogar Renace a uno de sus clientes, la empresa AECOM. En una investigación del CPI sobre el chat publicada en julio pasado, Gil Enseñat había dicho que la reunión se había dado con ese propósito y aseguró que consideró la intervención de Sánchez como una indebida.

Se desconoce si se ha citado al ex secretario y entonces Principal Oficial Financiero, Raúl Maldonado Gautier, que participó en el chat y se negó a testificar durante la investigación de Justicia por no confiar en la imparcialidad de esa agencia.

Para Obed Borrero, experto y consultor en temas de tecnología y redes sociales, luego de un año resulta muy difícil que las autoridades puedan obtener la conversación completa. Opinó que, por la realidad política de Puerto Rico y lo costoso del proceso legal, las autoridades no hubieran podido requerir a la plataforma digital entregar el chat en su totalidad. En su defecto, planteó que la estrategia debió ser actuar rápidamente y advertir a los integrantes del chat que había una investigación y que borrar dicha conversación se consideraría como destrucción de evidencia.

“El Gobierno arrastró los pies, porque obligar a Telegram a entregar el chat es muy cuesta arriba. La política de esta y otras aplicaciones es asegurar a sus usuarios confidencialidad y Puerto Rico no tiene facultad para presionar a la empresa con bloquear su uso en la Isla, lo que podría provocar una entrega. Hay muy pocos precedentes, por lo que Justicia solo tenía la posibilidad de obtener el chat completo desde el móvil de uno de los participantes”, explicó Borrero.

El ex secretario de Estado, Luis Rivera Marín, los ex secretarios de Ia Gobernación, Raúl Maldonado Gautier y Ricardo Llerandi Cruz, y los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame, así como Ia exsecretaria de Prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, la ex directora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez, y el ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, habían quedado fuera de la investigación del PFEI porque alegadamente Justicia no presentó prueba en su contra, pero los fiscales podrían ampliar su investigación y presentar acusaciones si surge prueba en el curso de la misma, dijo la presidenta del PFEI.

Hasta el momento, los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la pesquisa no han informado al Panel si han encontrado otra evidencia para expandir la investigación e incluir a estos u otros funcionarios, confirmó Cotto Vives al CPI.

“Los Fiscales no están limitados por esa designación del PFEI y lo que diga el epígrafe. Una vez los Fiscales empiezan a investigar, si en el curso de su investigación obtienen prueba o declaración jurada sobre otra persona que no haya sido nombrada en la Resolución del Panel, inmediatamente tienen la facultad para ampliar su investigación y le traen al Panel la información que están ampliando su investigación porque han obtenido prueba bajo juramento que involucra a otra persona. Hasta el momento no han hecho eso”, confirmó la presidenta del PFEI.

Pabón y Colón, como procedimiento regular en el PFEI, tienen que rendir informes mensuales al Panel, en los que rinden cuentas de cuántos testigos han entrevistado, y declaraciones juradas sin ofrecer detalles o identificar a los posibles testigos.

Cotto Vives sostuvo que desconoce además en qué etapa está la investigación y si los Fiscales Especiales culminarían la pesquisa el 25 de agosto o si solicitarían más tiempo. Dijo que hasta el momento, los FEI no han solicitado una extensión del término que según la ley puede ser de hasta 90 días .

“Sé que los fiscales han estado citando posibles testigos y han estado haciendo entrevistas, pero no sé en qué etapa está porque eso es información que manejan los Fiscales Especiales Independientes”, indicó Cotto Vives.

Por su parte, la FEI Pabón sostuvo que “es muy temprano” para determinar si necesitarán más tiempo o si pueden finalizar la investigación el 25 de agosto. Pabón y Colón han solicitado documentos a varias agencias de Gobierno que aún no han recibido, indicaron.





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